Inmigración Canarias
Les prometía acelerar los trámites para regularizar su situación a cambio de sexo: Suspendido 90 días un policía por extorsionar a migrantes
El agente investigado trabajaba en el departamento de Extranjería y Fronteras y fue destinado a Las Palmas de Gran Canarias Ceuta en 2021 con el objetivo de realizar entrevistas para tramitar las peticiones de asilo que demandaban los migrantes que llegaban a estos lugares.
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Los hechos salieron a la luz tras una investigación de Asuntos Internos que documentó las prácticas del agente en Ceuta y Canarias, lugares de llegada frecuente de migrantes a través de cayucos desde la costa africana. Según las actas de vigilancia, el policía se acercaba en la calle a jóvenes de origen magrebí, se identificaba como miembro de la Policía Nacional y les ofrecía su "ayuda" para agilizar el proceso de solicitud de asilo. Una oferta, que prometía ser un salvavidas para personas que se encontraban en una situación vulnerable, pero que finalmente se convertía en una situación de explotación sexual.
Una vez establecía o y tenía su confianza, el agente citaba a los jóvenes en una habitación de hotel. La duración de estas citas era de aproximadamente cuarenta y cinco minutos. Pasado ese tiempo, los migrantes salían del establecimiento con bolsas que contenían ropa, latas de refresco y, en ocasiones, dinero en efectivo, bienes que no poseían al llegar al hotel. Este patrón, repetido en diversas ocasiones, levantó las sospechas de los investigadores del departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional que procedieron a documentar meticulosamente cada encuentro.
90 días suspendido
En la sentencia se recogen varios testimonios de jóvenes que coinciden al declaran que cuando llegaban a la habitación el agente estaba en ropa interior y les invitaba a quedarse. Además queda patente en la misma, cómo usaba la misma habitación siempre, cuando se encontraba en Ceuta mientras que en Las Palmas de Gran Canaria utilizaba un establecimientos diferentes para cada ocasión. Tras este auto, el agente recurrió la sentencia alegando indefensión y vulneración del principio de presunción de inocencia.
Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratifica esta pena y considera que la sanción de suspensión de 90 días de empleo y sueldo es proporcional al delito cometido.
La sanción de 90 días de suspensión de funciones es una medida disciplinaria significativa que, si bien no es una pena de prisión, impacta directamente en la carrera y reputación del agente. La resolución del TSJM subraya la importancia de la integridad en el ejercicio de la función pública, especialmente en áreas tan sensibles como la gestión de solicitudes de asilo, donde la confianza y la transparencia son pilares fundamentales.
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